La jueza de Catarroja ha ratificado su decisión de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a pesar de las solicitudes presentadas por distintas partes involucradas en el caso. La magistrada consideró que no existen indicios suficientes para iniciar un proceso judicial contra el presidente, derivado de la falta de pruebas concretas que vinculen su gestión con posibles irregularidades en la administración de los recursos hídricos. Esta determinación se suma a las sucesivas decisiones judiciales que han exonerado a otros altos cargos en el marco de las investigaciones relacionadas con la gestión de la cuenca del Júcar.
La decisión ha polarizado opiniones, generando tanto apoyo como críticas. Los defensores destacan la ausencia de evidencias que justifiquen un juicio, subrayando la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, los detractores manifiestan su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la Confederación, demandando mayores esfuerzos para esclarecer las dudas que persisten en torno al manejo y distribución del agua en la región. Mientras tanto, organizaciones y representantes sociales han instado a un mayor escrutinio sobre las prácticas institucionales para asegurar una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos.
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