La Audiencia de Sevilla ha tomado una decisión histórica al elevar el caso de los ERE fraudulentos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desafiando así la doctrina del Tribunal Constitucional de España. En un movimiento sin precedentes, los magistrados sevillanos han suspendido la aplicación de las sentencias que rebajaban las penas de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Esta acción se produce tras la evaluación de que las sentencias del Constitucional podrían no alinearse con el derecho europeo, lo que plantea un riesgo de impunidad en futuros casos similares y amenaza los intereses financieros de la Unión Europea.
La decisión de elevar la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo marca un capítulo sin igual en el caso que lleva ya más de una década. La rebelión de la Audiencia comenzó hace cuatro meses y culmina en un episodio donde finalmente el Constitucional decidió no bloquear el avance hacia la justicia europea. Con los magistrados europeos ahora a cargo de la cuestión, se abre un periodo de incertidumbre que podría extenderse durante años, posponiendo la resolución de este emblemático caso de corrupción en España.
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