La Audiencia ha concluido que no existen «indicios racionales» de delito en el caso de los becarios que participan en el musical, según el análisis judicial reciente. La investigación, que había sido impulsada por denuncias sobre presuntas irregularidades en las condiciones laborales de los jóvenes involucrados, determinó finalmente que las actividades realizadas por los becarios no constituyen un abuso laboral ni otra infracción penal. El tribunal destacó la importancia de basar las acusaciones en pruebas sustanciales y no en conjeturas, estableciendo así un precedente sobre cómo deben ser evaluados casos similares en el futuro.
El fallo de la Audiencia pone fin a las especulaciones sobre posibles ilegalidades en el proceso de formación y participación de los becarios en el ámbito cultural. La sentencia subraya que, a pesar de las tensiones mediáticas, las pruebas presentadas no lograron demostrar la existencia de prácticas abusivas o fraudulentas por parte de la productora del musical. Este resultado marca una victoria para la producción, que había defendido la legitimidad de sus prácticas laborales desde el inicio de la investigación, y establece un argumento a favor de la necesidad de claridad y contundencia a la hora de presentar acusaciones de esta naturaleza en el sector cultural.
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