La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha lanzado un comunicado condenando el «ataque directo» a la institución del Ministerio Fiscal, tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y dos de sus subordinados por parte del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. La UPF, de la cual García Ortiz es miembro, sostiene que esta acción constituye una «caza de brujas» basada en un sumario sin indicios reales y que ignora los «sólidos contraindicios» que deberían llevar al archivo del caso. La imputación está relacionada con la filtración de un correo electrónico de un abogado vinculado a un caso que involucra a figuras cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su comunicado, la UPF critica que el juez está criminalizando el funcionamiento normal de la Fiscalía. Hurtado ha programado interrogatorios para García Ortiz y otros fiscales implicados a finales de enero y principios de febrero, basándose en un intercambio de correos internos tras una noticia tergiversada publicada por El Mundo. La Fiscalía General del Estado insiste en que su actuación fue exclusivamente técnico-jurídica, buscando desmentir un bulo que afectó a su independencia y profesionalidad. La UPF advierte que este procedimiento representa un ataque sin precedentes al Ministerio Fiscal y a la autonomía de esta institución, vital para el Estado de Derecho en España.
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