En un contexto marcado por crisis ambientales y debilitamiento de las instituciones democráticas, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una solución universal promovida por gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon. Sin embargo, esta perspectiva oculta un proyecto de concentración de poder. Estas corporaciones no solo lideran el desarrollo de la IA, sino que también controlan los datos, infraestructuras y recursos necesarios, lo que plantea preocupantes implicaciones políticas. La tecnología, aparentemente mágica, se despliega bajo lógicas privadas y excluyentes, generando un impacto significativo en la educación, salud, justicia y seguridad sin transparencia ni rendición de cuentas.
La concentración de poder tecnológico se ha facilitado por políticas permisivas y una visión tecnocrática del progreso. En la práctica, la automatización precariza el empleo y privatiza servicios públicos, desviando recursos hacia intereses empresariales. La industria de la IA, a pesar de su imagen pujante, enfrenta problemas financieros y sus modelos presentan fallos notables, como sesgos y generación de información falsa. No obstante, la resistencia se manifiesta a través de demandas antimonopolio y debates sobre soberanía tecnológica. La clave radica en cambiar las condiciones estructurales de diseño y despliegue de la IA, reivindicando un control democrático y orientado al bien común para evitar que la tecnología se convierta en herramienta opresiva de una oligarquía corporativa.
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