Después de una pausa de cinco años provocada por la pandemia de la COVID-19, el 5 de mayo se reanudaron oficialmente los cobros de préstamos estudiantiles federales en Estados Unidos. Este retorno no solo marca el regreso de las obligaciones financieras para millones de estadounidenses, sino también una transformación en la gestión de estos préstamos bajo la Administración Trump. Las políticas implementadas por Biden, que ofrecían programas de condonación y opciones de reembolso más flexibles, han sido revertidas. Ahora, el Departamento de Educación, a través del Tesoro, puede utilizar tácticas de cobro más agresivas, como embargar salarios y retener devoluciones de impuestos. Actualmente, más del 20% de los préstamos presentan mora de más de 90 días, una cifra que se ha duplicado desde antes de la pandemia.
Con un saldo total pendiente de 1.693 billones de dólares, el gobierno de Trump ha introducido un nuevo plan, que se implementará en 2026, para reducir las opciones de pago a un plan estándar y uno basado en ingresos. Este cambio eliminará ciertos beneficios de condonación y protección de ingresos que existían anteriormente. Además, se ha firmado una orden ejecutiva para disolver el Departamento de Educación, trasladándose parte de sus funciones a otras agencias, lo que ha generado críticas y preocupación sobre la implementación efectiva de estas funciones. A pesar de los recortes, algunos programas de perdón de deuda permanecen, aunque con restricciones más estrictas. La situación ha generado inquietud entre prestatarios y expertos ante la posibilidad de un mayor caos administrativo en la gestión de los préstamos estudiantiles.
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