La Administración del presidente Donald Trump ha llevado al Tribunal Supremo una apelación para avanzar en su propuesta de finalizar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, una política migratoria conocida como ius soli. Esta medida enfrenta obstáculos después de que tribunales inferiores en Massachusetts, Maryland y Washington bloquearan cautelarmente la orden, rehusando aceptar una interpretación marginal de la ley. La petición al Supremo surge tras la negativa de los tribunales de apelación a pausar los fallos que detienen el decreto, que había sido firmado al inicio del segundo mandato de Trump. El Departamento de Justicia argumenta que las órdenes judiciales universales han crecido de manera desproporcionada y busca limitar su impacto, permitiendo que el decreto pueda activarse, aunque sea parcialmente, en algunas regiones del país.
El debate sobre el ius soli ha reavivado la discusión sobre el sistema migratorio y las medidas cautelares de ámbito nacional en Estados Unidos. Durante más de un siglo, la interpretación de la 14ª Enmienda ha garantizado la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Sin embargo, algunos sectores conservadores cuestionan esta noción, sugiriendo que los inmigrantes indocumentados no están “sujetos a la jurisdicción” estadounidense, y por lo tanto, sus hijos no deberían calificar para la ciudadanía automática. Este caso marca la primera vez en el actual mandato en que el Gobierno recurre al Supremo en busca de una resolución favorable, con la esperanza de avanzar en una agenda migratoria consistentemente opuesta a la política del ius soli.
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