El portavoz del Ejecutivo autonómico ha manifestado su descontento ante lo que considera una tergiversación de la verdad por parte del Gobierno central para defender a un fiscal implicado en la divulgación indebida de datos de un contribuyente. En una rueda de prensa, destacó la gravedad de estos actos y cuestionó la integridad de las instituciones al proteger a quienes faltan a su deber de confidencialidad. Este incidente pone de manifiesto la falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de información sensible por parte de personas en puestos de poder, lo cual ha generado un significativo repudio en la opinión pública y levantado críticas acérrimas contra las autoridades involucradas.
En un tono contundente, el portavoz no solo criticó la actuación del Gobierno sino que fue más allá al solicitar la renuncia del presidente, quien, según él, debería asumir la responsabilidad política por mantener en su cargo a funcionarios que han traicionado la confianza ciudadana. Esta demanda acentúa la ya presente tensión entre el Ejecutivo autonómico y el central, revelando fisuras en la relación intergubernamental en medio de un escándalo que amenaza con tener repercusiones tanto a nivel político como judicial. La exigencia de dimisión añade presión a un Gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su gestión y capacidad para salvaguardar los derechos de los ciudadanos frente a prácticas indebidas.
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