La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Constitucional que aparte al magistrado José María Macías de los recursos sobre la ley de amnistía, alegando que este ya había formado una opinión contraria a la norma durante su periodo como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Macías fue designado como ponente para la impugnación presentada por el Partido Popular, pero tanto la Abogacía como la Fiscalía del Estado han presentado escritos de recusación. Entre los argumentos del Abogado del Estado se señala que Macías consideró la amnistía como un pacto político para favorecer la investidura de Pedro Sánchez, lo cual iría en contra de principios constitucionales como el derecho a la igualdad y la seguridad jurídica.
En paralelo, el Partido Popular ha recusado al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada Laura Díez, argumentando también que deberían apartarse de las deliberaciones sobre la amnistía. Aunque estos escritos buscan alterar la actual mayoría progresista del tribunal, fuentes del Constitucional consideran improbable que estas recusaciones prosperen. De momento, la composición del tribunal se mantiene con seis magistrados progresistas y cinco conservadores, a la espera de que se resuelvan las controversias presentadas en torno a la ley de amnistía y las posibles imparcialidades de los magistrados involucrados.
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