En un controvertido movimiento en el ámbito judicial, Pedro Sánchez ha recurrido a la Abogacía del Estado para defender al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo, en el contexto de una investigación por presuntas filtraciones perjudiciales para Isabel Díaz Ayuso. La Abogacía ha argumentado que el juez Ángel Hurtado ha desestimado pruebas clave que presentan una versión alternativa de los hechos, solicitando la suspensión de la citación de García Ortiz y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, hasta que no comparezca Alberto González Amador, pareja de Ayuso, implicado también en la investigación. El recurso solicita diversas diligencias, incluyendo la citación de González Amador y el análisis de declaraciones realizadas por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien es acusado de proporcionar información falsa.
La defensa liderada por la Abogacía del Estado sostiene que se están vulnerando los derechos de los investigados, sugiriendo que existe un juicio paralelo y una difusión pública sesgada del caso. Critica que el juez Hurtado no haya considerado aspectos significativos, como la amplia circulación del correo electrónico en el centro de la investigación, ni el hecho de que este no formaba parte de las diligencias de la Fiscalía contra González Amador. También subraya la disponibilidad del correo a múltiples personas y la presunta existencia de copias indeterminadas enviadas a varias instituciones antes de que llegara a las manos de los investigados. La defensa cuestiona la premisa de que la cercanía temporal entre los hechos y la publicación de la noticia constituya una base suficiente para las imputaciones, señalando que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, también podría ser considerada responsable bajo el mismo argumento.
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