El Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional que desestime el recurso presentado por el Tribunal Supremo contra una ley reciente, destacando la importancia de salvaguardar los principios democráticos y la estabilidad jurídica del país. Desde el Ejecutivo se subraya que la legislación en cuestión ha sido sometida a un proceso parlamentario riguroso y transparente, cumpliendo con todos los requisitos constitucionales. La postura del Gobierno apunta a evitar un precedente que podría desestabilizar el equilibrio entre los poderes del Estado, enfatizando la autonomía del poder legislativo para crear leyes que respondan a las necesidades sociales y económicas actuales.
El conflicto entre el Gobierno y el Alto Tribunal se centra en la interpretación de ciertos artículos de la ley, que según el Tribunal Supremo, podrían vulnerar derechos fundamentales. No obstante, el Ejecutivo defiende que dichos artículos están alineados con la Constitución y ha solicitado un diálogo institucional como vía para aclarar cualquier ambigüedad. Autoridades gubernamentales remarcan que la decisión del Tribunal Constitucional será crucial para asegurar la independencia judicial y la confianza ciudadana en las instituciones estatales. La resolución de este caso podría sentar precedentes significativos para el futuro de la legislación nacional.
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