En la audiencia preliminar por el conocido «caso mascarillas», la defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, solicitó al tribunal considerar la posibilidad de elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para definir si el juicio debería realizarse en el Supremo, interrumpiendo la causa hasta recibir una resolución comunitaria. La abogada Leticia de la Hoz también intentó, sin éxito, recusar a cinco de los siete magistrados encargados del proceso, argumentando que la competencia del Supremo vulneraba derechos fundamentales tras la pérdida de aforamiento de Ábalos. En paralelo, Ábalos y García asistieron a la vista desde la prisión donde están detenidos desde noviembre, mientras que Víctor de Aldama, empresario implicado, se ubicó cerca de ellos durante la diligencia.
Por otro lado, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, junto con la acusación popular, defendió la competencia del Supremo, advirtiendo que cambiar el juzgado resultaría en un retraso considerable del caso. La defensa de Ábalos se adhirió a algunas reclamaciones de García e insinuó un acuerdo no declarado entre Aldama y la Fiscalía para reducir la pena del empresario a cambio de colaboración, algo que los implicados negaron tajantemente. También se abordó la recusación de magistrados, tema que fue rechazado por presentarse fuera de plazo. Finalmente, se impidió a Santos Cerdán, exsecretario del PSOE, participar en la vista, ya que aunque no está acusado en este caso específico, sus abogados argumentaron que las decisiones del Supremo podrían afectar otros procesos relacionados.
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