La expresidenta argentina Cristina Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario por seis años, enfrenta junto a otros ocho condenados la obligación de devolver 684.990 millones de pesos al Estado, equivalentes a unos 540 millones de dólares. Este monto corresponde al perjuicio causado por fraude en la llamada «causa Vialidad», donde durante su presidencia se adjudicaron irregularmente 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. La Corte Suprema de Argentina ha ratificado la sentencia inicial de 2022, que también inhabilita a Kirchner de por vida para ejercer cargos públicos. Se les ha dado un plazo de 10 días para efectuar el pago, antes de proceder al decomiso de sus bienes en caso de incumplimiento.
La decisión judicial sostiene que la recuperación de los fondos busca reparar el daño a la sociedad. Los jueces señalaron que el perjuicio para el Estado derivó de colusiones en licitaciones y sobreprecios, inicialmente estimado en 84.800 millones de pesos, cifra ahora actualizada. La declaración patrimonial de Kirchner al dejar su cargo en 2023 reflejaba unos 249 millones de pesos, con propiedades donadas a sus hijos, que también podrían ser decomisadas. Los procedimientos administrativos para recuperar el dinero ya están en marcha, con el tribunal listo para ejecutar los embargos si no se cumple con el pago estipulado.
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