El caso de Kilmar Abrego García ha generado tensiones entre Estados Unidos y El Salvador, tras la deportación errónea ejecutada por la Administración Trump. Chris Van Hollen, senador demócrata de Maryland, se convirtió en el primer funcionario estadounidense en contactarlo desde su expulsión en marzo. Van Hollen viajó a El Salvador para presionar por la liberación de Abrego García, quien había sido enviado a la prisión de máxima seguridad Cecot en condiciones deplorables. Durante la visita, el migrante relató estar traumatizado por la experiencia, y expresó su deseo de reunirse con su familia en los Estados Unidos. Pese a las órdenes del Tribunal Supremo para facilitar su retorno, tanto el Gobierno de Trump como las autoridades salvadoreñas han sido reticentes, insistiendo en vínculos no comprobados de Abrego García con grupos criminales.
El caso ha encendido un debate político sobre derechos humanos y judiciales, con Van Hollen criticando la respuesta del gobierno estadounidense por no acatar las órdenes judiciales. La Casa Blanca mantiene su postura señalando a Abrego García como miembro de la pandilla MS-13, acusación sostenida por relatos policiales poco concretos. Mientras tanto, la situación legal sigue escalando, con tribunales estadounidenses exigiendo acciones y evaluando posibles declaraciones de desacato hacia la Administración Trump. Pese a las reuniones diplomáticas y la presión de otros congresistas demócratas dispuestos a viajar a El Salvador, el camino hacia la libertad de Abrego García sigue siendo incierto y complejo, reflejando un choque entre políticas migratorias y derechos civiles que sigue sin resolverse.
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