El caso de un inmigrante centroamericano ha puesto en el centro del debate la política migratoria de la administración Trump. Tras luchar exitosamente contra su deportación a El Salvador, los abogados del hombre alegan que su reubicación a Uganda es una represalia. La situación ha generado un intenso escrutinio sobre las prácticas de inmigración del gobierno, que han sido calificadas de punitivas por diversas organizaciones de derechos humanos.
La decisión de enviarlo a Uganda, un país con el que no tiene ninguna conexión personal o cultural, es vista por sus defensores como un castigo por desafiar legalmente su orden de deportación original. Este caso ha encendido nuevamente el debate sobre la ética y legalidad de las medidas migratorias implementadas por Trump, destacándose como un ejemplo de los cuestionamientos hacia una política que, según críticos, carece de compasión y justicia.
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