El pasado 26 de septiembre, una nueva sentencia judicial reconoció que hubo «falsificación de pruebas» en el caso de Hakamada, quien había sido incriminado por la fiscalía y las autoridades encargadas de la investigación en Japón. Este fallo representa un giro significativo en una prolongada batalla legal. Hakamada, quien había sido condenado a muerte en 1968 bajo cargos de homicidio, siempre sostuvo su inocencia, alegando que las pruebas en su contra habían sido manipuladas.
La corte determinó que las pruebas fundamentales presentadas durante el juicio original fueron fabricadas, lo que ha llevado a la revisión completa del caso. Esta sentencia aporta esperanzas renovadas no solo para Hakamada, sino también para sus defensores, quienes han luchado incansablemente durante décadas por la justicia. El caso ha generado un amplio debate sobre la ética y la transparencia del sistema judicial japonés, poniendo en el centro de atención las prácticas cuestionables de la fiscalía y las autoridades investigadoras.
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