La justicia argentina ha solicitado la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de participar en secuestros, torturas y asesinatos contra la sociedad civil. Esta orden de detención también incluye al ministro de Interior y número dos del régimen, Diosdado Cabello, así como a otros altos cargos del chavismo, basándose en el principio de «justicia universal» aplicable a delitos de lesa humanidad. La decisión se fundamenta en testimonios de cinco venezolanos que describieron persecuciones, detenciones ilegales y torturas. Tras evaluar la prueba documental y las declaraciones, los jueces argentinos consideraron suficientes los elementos para la convocatoria urgente de Maduro y Cabello a prestar declaración indagatoria.
La reacción del Gobierno venezolano no se hizo esperar. Un día después de la presentación judicial en Buenos Aires, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió órdenes de detención contra el presidente argentino, Javier Milei, su hermana y asesora Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegando el supuesto desmantelamiento de un avión de carga venezolano retenido en Buenos Aires en 2022. La iniciativa contra Maduro es promovida por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, integrado por dirigentes políticos de la oposición argentina. Este conflicto incrementa la presión internacional sobre el gobierno chavista, señalado además por las irregularidades en las últimas elecciones presidenciales y tensiones diplomáticas, como el refugio otorgado por la Embajada de Argentina en Caracas a asesores opositores y la subsiguiente expulsión de diplomáticos argentinos por parte del gobierno venezolano.
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