El 10 de enero, Nicolás Maduro será juramentado como presidente de Venezuela por tercera vez, desafiando el resultado de las elecciones del 28 de julio, donde Edmundo González, exdiplomático exiliado en España, emergió como el claro vencedor según evidencia independiente. A pesar de su victoria, la oposición se encuentra debilitada y sus líderes principales, la mayoría en el exilio, enfrentan un entorno político represivo bajo el gobierno de Maduro, que se niega a publicar las actas electorales que podrían esclarecer la realidad de los resultados electorales. Este escenario se complica ante el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha designado a Marco Rubio, un opositor declarado de Maduro, como Secretario de Estado, reavivando en la línea dura de la oposición venezolana la esperanza de que una «máxima presión» pueda impulsar un cambio de régimen.
Sin embargo, la historia reciente de Venezuela revela las limitaciones de las sanciones económicas como herramienta eficaz para forzar un cambio de régimen, y las profundas divisiones en la oposición se hacen evidentes con el tema de las sanciones. Mientras algunos líderes opositores, como María Corina Machado, abogan por un regreso a esta estrategia, figuras como González mantienen un silencio diplomático al respecto. La oposición enfrenta un dilema enorme: cómo reconstruir su estrategia política tras el fracaso de no poder hacer valer la victoria de su candidato, y cómo prepararse para las elecciones de 2025 en un ambiente aún más adverso. Con las negociaciones prácticamente cerradas y Maduro buscando ajustar relaciones con un posible Gobierno de Trump, la oposición venezolana se enfrenta a una necesaria reevaluación de estrategias que priorice la unidad, la paciencia y el fortalecimiento del espacio cívico para evitar que el país derive hacia un régimen aún más autoritario.
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