El Gobierno catalán, respaldado por partidos neoconvergentes, celebra el reciente traspaso de competencias en materia de inmigración de parte del Gobierno central. Este cambio permite a Cataluña asumir un rol más proactivo en la gestión de los flujos migratorios y en la integración de inmigrantes, dotando a la comunidad de nuevas «herramientas de Estado», según han manifestado los líderes regionales. La decisión llega en un momento crítico en el cual Cataluña busca fortalecer su autonomía y gestionar de manera más eficaz las políticas sociales y económicas adaptadas a sus necesidades locales.
Los partidos independentistas ven este traspaso como un avance significativo hacia un autogobierno más robusto, argumentando que la administración local está mejor equipada para abordar los desafíos específicos que enfrenta la región en el ámbito migratorio. A través de estas nuevas competencias, Cataluña espera implementar políticas más ágiles y ajustadas a la realidad local, promoviendo una mejor integración de los nuevos residentes en el tejido social y económico. El movimiento también ha sido visto como un paso más en las aspiraciones de mayor autonomía política y económica de la comunidad, marcando un precedente en las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías españolas.
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