El proceso de discusión sobre el nuevo modelo de financiación catalana se ha intensificado tras la reciente Comisión Bilateral entre el Govern y el Gobierno central. En esta ocasión, Junts per Catalunya ha expresado su descontento con firmeza. Antoni Castellà, diputado de Junts, criticó duramente la falta de un avance tangible, afirmando que el acuerdo perpetúa un déficit fiscal que asciende a 22.000 millones de euros anuales sin ofrecer a Cataluña una solución singular o beneficios concretos. La propuesta contempla que la Agencia Tributaria Catalana recaudará progresivamente el IRPF, pero Castellà sostiene que esto no implica ninguna mejora económica real para la región, al realizar tareas que tradicionalmente ejecutaban funcionarios del Estado sin obtener nuevas ventajas.
Por otro lado, el Partido Popular también ha manifestado su desacuerdo con la propuesta, destacando la imposibilidad de que el modelo sea simultáneamente singular y generalizable. Santi Rodríguez, portavoz del PP catalán, insistió en que cualquier nuevo modelo de financiación debe ser debatido por todas las comunidades autónomas y ratificado en el Congreso, evitando imposiciones fruto de acuerdos bilaterales. A diferencia de Junts y el PP, Comuns ha acogido el acuerdo como un avance positivo. David Cid, diputado del Parlament, valoró que el modelo reconoce la singularidad y el autogobierno de Cataluña, y sostuvo la importancia de abordar la insolidaridad fiscal en el contexto más amplio de las autonomías, haciendo referencia a prácticas fiscales de la Comunidad de Madrid.
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