La junta militar que gobierna Malí desde hace cinco años ha suspendido indefinidamente toda actividad política de partidos y asociaciones, lo que se interpreta como un intento por frenar las manifestaciones previstas en Bamako y otras ciudades del país. El decreto, firmado por el presidente y general Assimi Goïta, alega razones de orden público para justificar la prohibición de un acto de protesta en la plaza de la Independencia de Bamako. Esta medida ha sido el catalizador de un creciente descontento social que busca manifestarse en las calles por primera vez en años, en un contexto de tensiones políticas que se han intensificado tras propuestas que sugieren extender el mandato de Goïta por cinco años más. La reciente derogación de la ley de partidos añade otro nivel de preocupación entre la oposición y la sociedad civil malienses.
Además del clima de represión política, Malí enfrenta desafíos internacionales, habiendo reorientado sus alianzas hacia Rusia tras la salida de las tropas francesas y de Naciones Unidas. Esta situación ha visto un resurgimiento de la rebelión tuareg en el norte del país, mientras que fuerzas rusas combaten junto al ejército maliense tanto contra radicales como independentistas tuaregs. La junta ha incumplido su propio plazo para restaurar un gobierno civil y ha llevado a cabo una campaña enérgica contra quienes cuestionan su autoridad, incluyendo políticos y periodistas. Malí también ha roto lazos con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, creando junto a Burkina Faso y Níger una nueva entidad regional, la Alianza de Estados del Sahel, lo que refleja un cambio significativo en la dinámica política regional.
Leer noticia completa en El Pais.
