Esquerra Republicana (ERC) manifiesta un alejamiento estratégico de apoyar al Gobierno para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2025. Oriol Junqueras, presidente de ERC, enfatizó que, a pesar de avances en negociaciones como la condonación de parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica para Cataluña o el traspaso de los trenes de Rodalies, su partido no se posiciona como un socio incondicional del Ejecutivo. Esta postura encuentra eco en las estrategias planteadas por Carles Puigdemont de Junts, ambos destacando una relación con el Gobierno basada en obtener concesiones sin ser percibidos como aliados leales de Pedro Sánchez. Junqueras, además, expresó críticas severas hacia la operación de Renfe y Adif en Cataluña, sugiriendo su dimisión si no pueden gestionar adecuadamente el sistema ferroviario.
En un contexto de tensiones internas, Esquerra se prepara para su congreso político mientras enfrenta críticas de ser demasiado conciliadores con el Gobierno central. Sumado a esto, el partido confronta disputas internas y denuncias de maltrato laboral dentro de sus filas. El escenario se agrava con las acusaciones a la diputada Pilar Vallugera y el conflicto derivado de la difusión de carteles denigrantes contra los hermanos Maragall. En sus declaraciones, Junqueras toma una línea dura, reclamando al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que explique por qué aún no se ha disuelto la Fundación Franco, en incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Esta situación complica aún más las relaciones de ERC con el Gobierno, mientras continúan las disputas por consolidar su posición dentro del electorado independentista, en medio de rumores de replanteamientos estratégicos en comparación con la simetría de acciones con Junts per Catalunya.
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