En Jumilla, un pequeño municipio de Murcia, se ha desatado una controversia política en plena época estival debido a una moción presentada por Vox para restringir celebraciones islámicas. El Partido Popular (PP) modificó la iniciativa para que la prohibición abarcara todas las festividades culturales y religiosas en centros deportivos, lo que ha generado un intenso debate entre diferentes fuerzas políticas. Vox ha chocado con la Conferencia Episcopal, mientras que el PSOE ha aprovechado la oportunidad para vincular al PP con la extrema derecha. Esta situación ha escalado rápidamente y se ha convertido en un foco de atención a nivel nacional, reflejando las tensiones en torno a la política migratoria en España.
El Gobierno, por su parte, ha lanzado una doble ofensiva contra el PP. Ha anunciado la intención de impugnar la moción en un plazo de 30 días, mientras que el PSOE ha intensificado su retórica, acusando a los populares de institucionalizar la islamofobia y de retroceder en derechos. Los líderes del PP, a su vez, defienden la medida argumentando que es un intento de generar ruido político por parte de sus oponentes. A pesar de las críticas, Vox sostiene su postura, aduciendo un compromiso con las «raíces cristianas» de la sociedad, y planea continuar presentando propuestas similares en otras localidades y a nivel estatal, desafiando a la jerarquía eclesiástica que se opone a sus iniciativas.
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