El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, se llevará a cabo del 9 al 14 de febrero del próximo año. Sánchez, junto con Gallardo y otras 10 personas, enfrenta cargos por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. Las acusaciones incluyen prevaricación administrativa y tráfico de influencias debido a la supuesta adjudicación irregular de un puesto a Sánchez en 2017. El caso también abarca la contratación de un extrabajador del Palacio de La Moncloa. Las acusaciones populares han solicitado una pena de tres años de cárcel para los implicados.
En un escrito de defensa presentado ante la jueza Beatriz Biedma, David Sánchez ha cuestionado la legalidad de ciertas diligencias de investigación, específicamente la intervención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de miles de correos electrónicos. Sánchez argumenta que los hechos no constituyen un delito y debe ser absuelto. La defensa se centra en desacreditar la validez de las pruebas recabadas durante la investigación, mientras que el proceso judicial avanza bajo la mirada atenta del público, dado el perfil de los involucrados y la gravedad de las acusaciones.
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