
El juicio sobre la fortuna oculta de la familia Pujol en Andorra ha comenzado en un clima de intenso escrutinio judicial. La Audiencia Nacional ha decidido seguir adelante con el proceso contra Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña de 95 años, a pesar de que los forenses concluyeron que su deterioro cognitivo imposibilita su capacidad para ser juzgado. El tribunal ha convocado a Pujol para un examen por videoconferencia, desestimando la petición de su defensa de archivar el caso por demencia sobrevenida. Este hecho marca un hito significativo en un largo proceso que ha captado la atención pública y mediática en España.
Durante las primeras jornadas del juicio, que se extenderá por un total de 41 sesiones hasta mayo, se prevé la declaración de 254 testigos, incluidos familiares y asesores fiscales de la familia Pujol. La Fiscalía ha solicitado penas que varían entre 8 y 29 años de prisión para los acusados, entre los que se encuentra el expresidente, quien se enfrenta a cargos como asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad mercantil. Según la acusación, la familia Pujol habría creado una red para obtener beneficios de contratos públicos, en complicidad con empresarios afines a su partido, Convergència Democràtica de Catalunya.
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