La operación de registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha suscitado un debate sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas en este tipo de investigaciones penales. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha instado a reflexionar sobre la necesidad de una fundamentación reforzada en casos de delitos considerados «menos graves», y ha enfatizado que las diligencias deben minimizar la afectación de los derechos fundamentales. Según el comunicado de la asociación, es crucial garantizar la integridad del proceso de investigación, evitando filtraciones que puedan comprometer los derechos de las personas involucradas. El registro, ordenado por el Tribunal Supremo debido a una acusación de presunta revelación de secretos, incluyó el análisis de comunicaciones del fiscal general, generando preocupaciones sobre su justificación y su potencial impacto en derechos fundamentales.
El procedimiento derivó en una exhaustiva operación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quienes se presentaron en la Fiscalía General del Estado para ejecutar el mandato del magistrado del Supremo Ángel Hurtado. El interrogatorio se centró en la investigación de la presunta revelación de secretos vinculada a un acuerdo ofrecido por la defensa del empresario Alberto González Amador, relacionado con Isabel Díaz Ayuso, que admitió haber defraudado 350.000 euros a Hacienda. Este minucioso registro, que se extendió por más de diez horas, también abarcó el despacho de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, permitiendo la recopilación de diversos dispositivos electrónicos y documentos en papel. Este operativo tuvo repercusiones en el calendario de la Fiscalía, obligando a la suspensión de un acto programado sobre la investigación de violaciones de derechos humanos, debido a la intervención en curso.
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