La jueza federal Indira Talwani ha emitido un fallo que impide a la Administración Trump revocar el «parole» humanitario destinado a proteger de la deportación a más de medio millón de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Este dictamen surge después de que el Gobierno estadounidense anunciara la revocación de estas protecciones legales, instando a los beneficiarios a abandonar el país antes del 24 de abril o arriesgarse a ser deportados. La magistrada de Boston argumentó que una suspensión de este tipo no puede ejecutarse sin una revisión individual de cada caso, afirmando que poner fin anticipadamente a su estatus sin el debido proceso “socava el Estado de derecho”. Asimismo, destacó que para muchos retornados a sus países de origen, esta situación podría ser peligrosa y significar la separación de sus familias en Estados Unidos.
La decisión judicial representa un notable desafío a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien anteriormente había suspendido las renovaciones y los nuevos trámites del programa heredado de Joe Biden. Esta iniciativa, que otorgaba un permiso de trabajo de dos años a los migrantes, buscaba fomentar la inmigración legal y disuadir cruces ilegales en la frontera sur. Organizaciones defensoras de los migrantes, como Justice Action Center y Human Rights First, que impulsaron la demanda resultante en el bloqueo, han celebrado el fallo. En contraste, la Administración Trump ha mantenido silencio oficial, aunque un funcionario anónimo calificó la decisión como “pura tiranía sin ley”, según el medio conservador Fox News. Mientras tanto, miles de migrantes afectados reciben con alivio el respiro temporal que la orden judicial les otorga.
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