Una jueza federal en Massachusetts ha expresado su inclinación a ordenar que la Administración de Donald Trump continúe financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), crucial para 42 millones de estadounidenses, en medio de un prolongado cierre del Gobierno. La Administración había anunciado que el programa quedaría sin fondos el 1 de noviembre, argumentando que los fondos de contingencia estaban reservados para emergencias naturales y no podían cubrir los 8.000 millones de dólares necesarios para noviembre. La jueza Indira Talwani, durante una audiencia, cuestionó cómo esta situación no califica como emergencia e indicó que el Gobierno debería buscar cómo utilizar esos fondos de emergencia para evitar una catástrofe social.
Los demandantes, una coalición de 25 Estados demócratas y el Distrito de Columbia, argumentan que existen fondos de contingencia suficientes para mantener SNAP operativo. Estos gobiernos estatales insisten en que el Departamento de Agricultura dispone de recursos adecuados, mientras los abogados del Departamento de Justicia argumentan que los desembolsos deben esperar hasta que el Congreso apruebe una nueva ley de gastos. El conflicto se intensifica en un contexto político tenso, donde los republicanos culpan a los demócratas por el cierre gubernamental, mientras las negociaciones en el Capitolio se encuentran estancadas. Esta disputa amenaza con dejar sin asistencia alimentaria a millones, marcando un desafío significativo a las políticas sociales en medio de un clima político polarizado.
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