La mayor asociación de guardias civiles en España, Justicia para la Guardia Civil (Jucil), enfrenta una grave crisis interna empujada por acusaciones de irregularidades económicas. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de León, Beatriz Serrano Díez, ha ordenado abrir una investigación judicial tras una denuncia presentada por cinco exdirigentes de la asociación. Estos exdirectivos acusan al actual secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, de malversar fondos para uso personal, registrar gastos injustificados y ocultar información financiera, contemplando estos actos como posibles delitos de apropiación indebida, fraude y falsificación de documentos. La crisis se extiende en el contexto de la inminencia de elecciones internas, reavivando tensiones previas que llevaron a la dimisión de varios dirigentes y a acusaciones de politización dentro de la asociación.

En respuesta a la investigación judicial, la dirección actual de Jucil encargó una auditoría externa con el fin de demostrar la transparencia de sus operaciones, rechazando las acusaciones como “venganzas” de exmiembros. Mientras tanto, la magistrada ha dado un mes a la junta directiva para que aporte la documentación necesaria que respalde sus alegaciones. Los denunciantes, agrupados en la plataforma Regeneremos Jucil, han solicitado a la directiva máxima colaboración con la justicia y urgido a compartir información económica relevante. La situación sigue en desarrollo, con procedimientos legales cruzados que incluyen denuncias por calumnias, injurias y, particularmente, una citación a Vilariño en relación con otra querella por la gestión de las reuniones de la asociación. El desenlace de estas batallas legales tendrá un impacto significativo en la reputación y la operatividad de la organización, la cual enfrenta demandas de transformación y rendición de cuentas para restaurar la confianza entre sus afiliados.

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