La reciente decisión de una jueza en California prohíbe al gobierno de Donald Trump realizar redadas migratorias basadas en características como el acento, color de piel o idioma. Este fallo llega en un contexto de alta tensión en California, donde redadas recientes en granjas de cannabis dejaron un muerto. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ha determinado que las prácticas del ICE, respaldadas por Trump, no deben fundamentarse en simples sospechas relacionadas con perfiles raciales. Esta medida, prevista para durar 10 días, busca frenar los operativos indiscriminados y ya ha sido aplaudida por defensores migratorios y figuras como el gobernador Gavin Newsom, quien recalca el compromiso del estado con los derechos humanos.
La respuesta al fallo ha generado controversia, con el fiscal Bill Essayli y el Departamento de Seguridad Nacional mostrando su desacuerdo, argumentando que el fallo socava la seguridad y la voluntad del pueblo estadounidense. Essayli defendió que las detenciones siempre obedecen a justificaciones legales. A pesar de la oposición, la decisión judicial intenta poner un alto a las redadas que han resultado en miles de detenciones y deportaciones, marcando un récord en vuelos de deportación en junio. La resolución también aborda los problemas de acceso legal en centros de detención, planteando preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los detenidos y la transparencia en las operaciones de ICE.
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