La jueza que investiga la muerte de Sara Gómez, quien falleció en Cartagena tras someterse a una cirugía estética en diciembre de 2021, ha concluido la fase de instrucción y ordenado el avance del procedimiento judicial. Se ha señalado al cirujano responsable de la lipoescultura, un anestesista, y otros ocho profesionales médicos de hospitales públicos por posibles delitos de homicidio imprudente. Según el auto judicial, estos profesionales desempeñaron un papel crítico en la atención de Gómez, quien fue trasladada a la UCI del hospital Santa Lucía de Cartagena en estado crítico horas después de la operación. La jueza considera que estos médicos actuaron correctamente al no operar inmediatamente, pues no había marcadores de sepsis hasta el día siguiente. Sin embargo, la paciente no fue intervenida hasta cinco días después, periodo durante el cual su salud continuó deteriorándose hasta su fallecimiento el 1 de enero de 2022.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena apunta a que la operación fue contratada bajo la creencia errónea de que el cirujano tenía una amplia experiencia, cuando en realidad era la primera intervención de este tipo que realizaba. Este error, junto con la demora en su traslado a la UCI, donde presentó un cuadro de shock hipovolémico y órganos perforados, son vistos como elementos clave en el trágico desenlace. Aunque el anestesista tenía la obligación de trasladarla a la UCI a tiempo, el retraso en su intervención por parte de los cirujanos desde la primera señal de sepsis también es objeto de investigación. La jueza deja abierta la posibilidad de que las partes soliciten la apertura de juicio oral, diligencias adicionales o apelen su decisión, mientras los familiares de Gómez continúan luchando por justicia.

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