California ha decidido unirse a la demanda presentada por Oregón contra el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. Este movimiento, liderado por la fiscal general de California, argumenta que el uso de fuerzas federales en la ciudad es un exceso innecesario y una violación de los derechos estatales. La acción legal insta a que se retire la presencia militar, señalando que el despliegue no está justificado y que socava la autonomía local, generando preocupaciones sobre el manejo de la seguridad y la libertad de expresión en la región.
Ambos estados sostienen que la intervención federal es una respuesta desproporcionada a las protestas locales y temen que esta medida pueda sentar un precedente peligroso para el futuro. Las tensiones entre las autoridades estatales y el gobierno federal han vivido un nuevo capítulo con esta demanda, que busca no sólo la retirada inmediata de las tropas, sino también asegurar que tales despliegues no se realicen sin la debida consulta y justificación en el futuro. La situación ha captado la atención nacional, resaltando el delicado equilibrio de poderes entre estados y gobierno federal en Estados Unidos.
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