En un controvertido dictamen, una jueza de inmigración de Luisiana ha autorizado la deportación de Mahmud Khalil, un activista palestino y estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, que lideró protestas propalestinas contra la guerra en Gaza. Khalil, quien pese a ser residente legal en Estados Unidos y estar casado con una ciudadana estadounidense, fue detenido inicialmente en Nueva Jersey y posteriormente trasladado al estado sureño debido a la reputación de dureza de sus jueces de inmigración. Este caso es el primero de varios arrestos de estudiantes y académicos por manifestarse y ha generado un ambiente de incertidumbre, al registrarse la revocación de al menos 350 visados por motivos similares. La decisión de la jueza se considera una victoria del gobierno republicano, que argumenta estar combatiendo el antisemitismo en las universidades americanas, aunque algunos críticos lo ven como un intento de silenciar cualquier crítica contra Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha citado una ley de 1952 para justificar la deportación, afirmando que Khalil perjudica los intereses de la política exterior estadounidense al supuestamente fomentar el antisemitismo. El recurso legal se centró en una carta firmada por Rubio, respaldada por la Administración Trump, que busca fortalecer su postura contra lo que consideran manifestaciones antisemitas en los campus. A pesar de la aprobación de la jueza, el futuro de Khalil aún depende de una decisión pendiente en el tribunal federal de Newark, Nueva Jersey, donde sus abogados argumentan la violación de derechos constitucionales, como la libertad de expresión, consagrada en la Primera Enmienda. La situación pone de relieve la tensión entre seguridad nacional y derechos civiles en un contexto político polarizado, que podría tener implicaciones significativas para activistas y estudiantes extranjeros en el país.
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