Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado erróneamente en marzo y retornado a Estados Unidos en junio, enfrenta una compleja situación legal en Tennessee. La jueza federal Barbara Holmes detuvo su liberación programada tras una orden de otro magistrado, posponiéndola 30 días para permitir al gobierno de Trump apelar y al equipo legal de Abrego buscar nuevos recursos. Dos jueces, Waverly D. Crenshaw de Nashville y Paula Xinis de Maryland, habían ordenado previamente su liberación y prohibieron nuevas detenciones por parte del ICE, destacando que no representa un peligro significativo para la comunidad.
Este caso ha captado la atención pública debido a las implicaciones de las políticas migratorias del gobierno de Trump. Abrego fue deportado a El Salvador, donde fue acusado injustamente de pertenecer a pandillas criminales. Regresó a Estados Unidos para enfrentar cargos penales, a los que se ha declarado inocente. Organizaciones como CASA continúan apoyándolo, resaltando la importancia de garantizar sus derechos y la rendición de cuentas del gobierno. Aunque la amenaza de deportación persiste, las recientes decisiones judiciales ofrecen cierta protección y generan un momento crucial en la defensa del debido proceso legal.
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