Un tribunal federal en Washington ha decidido bloquear temporalmente una medida que pretendía usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes venezolanos, especialmente apuntando a miembros del Tren de Aragua, una banda criminal considerada por el gobierno de Trump como una amenaza nacional. Esta normativa, que data de 1798, fue invocada por Donald Trump como parte de una estrategia para mitigar lo que denomina una invasión al territorio estadounidense por parte de la organización, alegando sus vínculos con el Cártel de los Soles, supuestamente respaldado por el régimen venezolano de Nicolás Maduro. La decisión ha suscitado una respuesta judicial que promete prolongar el debate, dada la naturaleza extraordinaria de la norma, que permite expulsiones sin juicio previo y que solo se ha utilizado en tiempos de guerra.
Esta controversial medida es solo un eslabón en la tensa relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Anteriormente, Washington había acordado con el gobierno venezolano reanudar las deportaciones de ciudadanos que presumiblemente pertenecían al Tren de Aragua, lo cual supuso un breve impasse cuando surgieron desacuerdos que llevaron a la revocación de la licencia de la petrolera Chevron en Venezuela. Sin embargo, las partes han señalado una intención de continuar con los vuelos de deportación. En el trasfondo, se encuentra un elaborado juego geopolítico que involucra sanciones y acusaciones de narcoterrorismo contra altos funcionarios del chavismo, incluido Maduro, quien es señalado por liderar un complot para desestabilizar democracias americanas utilizando el crimen organizado como herramienta. La medida, que también revocaría ciertos beneficios migratorios, ha generado preocupación entre la comunidad venezolana en Estados Unidos.
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