Un juez federal en el Distrito de Columbia ha ordenado a la Casa Blanca levantar las restricciones impuestas a Associated Press, que les impedían acceder al Despacho Oval y otros eventos mediáticos tras no adherirse al decreto presidencial que renombraba el Golfo de México como el Golfo de América. La decisión, emitida por el magistrado Trevor McFadden, resalta que aunque el Gobierno tiene la potestad de gestionar el acceso de periodistas a sus eventos, no puede discriminar a ciertos medios por sus opiniones, como lo establece la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Se concedieron cinco días a la administración de Trump para apelar, pero la sentencia representa un golpe a su estrategia de confrontación con los medios de comunicación.
La demanda fue presentada por AP debido a que el veto minaba su capacidad de informar con inmediatez y calidad a sus abonados globales. Argumentaron que su clientela internacional no puede adoptar un cambio de nombre geográfico arraigado por siglos. Julie Pace, directora ejecutiva de AP, enfatizó que esto subraya la independencia de los medios frente al control gubernamental. A pesar del fallo, que confirma el derecho fundamental a la libertad de prensa, el tribunal no exige otorgar acceso privilegiado a AP. La Casa Blanca, en respuesta, justificó las restricciones afirmando que AP ignoraba el «cambio de nombre legal», y prometió abrir espacios a periodistas previamente excluidos por la expulsión de la agencia.
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