Un tribunal federal en Nueva York ha dictaminado que una demanda contra la Oficina de Administración de Personal (OPM) de EE. UU. puede continuar, en un intento de detener la divulgación de información privada de millones de estadounidenses al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk. La jueza Denise L. Cote rechazó parcialmente una moción del gobierno para desestimar el caso, presentado en nombre de dos sindicatos de trabajadores federales y ex empleados gubernamentales.
El fallo es visto como una victoria significativa para los demandantes, quienes argumentan que OPM reveló ilegalmente datos personales altamente sensibles sin el consentimiento apropiado. En su decisión, la jueza señaló que las acciones de OPM no siguieron los procedimientos regulares y violaron claramente las estipulaciones del Congreso, indicando que tales acciones fueron ilegales y peligrosas.
OPM administra unas de las bases de datos más extensas y delicadas del país, conteniendo información personal que abarca desde nombres y números de seguridad social hasta antecedentes de salud y datos financieros. La demanda, apoyada por organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y el State Democracy Defenders Fund, sostiene que la OPM, bajo la dirección interina de Charles Ezell, infringió la Ley de Privacidad de 1974 al compartir estos registros con DOGE.
Los sindicatos involucrados, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y la Asociación de Jueces de Derecho Administrativo, defendiéndose bajo el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, buscan no solo detener la transferencia de datos, sino también asegurar la devolución de cualquier información ya compartida. Este movimiento surge en un contexto donde OPM ya ha enfrentado críticas por brechas de seguridad anteriores, incluida una significativa en 2015 que expuso datos de 22.1 millones de personas.
El presidente de la AFGE, Everett Kelley, ha declarado que esta decisión judicial es crucial para reforzar la protección de los datos privados de los ciudadanos, enviando un mensaje firme sobre los límites de la privacidad y el manejo responsable de la información por parte del gobierno.
La determinación de la jueza Cote permite que se busque un mandato judicial bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, aunque no directamente bajo la Ley de Privacidad. El resultado de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de datos personales por parte del gobierno federal en el futuro.
