Donald Trump ha enfrentado un nuevo contratiempo judicial en su intento por eliminar el programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, detenido desde su regreso a la Casa Blanca a través de una orden ejecutiva. El juez federal de Seattle, Jamal Whitehead, dictaminó que las acciones del presidente constituyen una «anulación efectiva de la voluntad del Congreso», que previamente estableció el programa de admisión de refugiados. La decisión del juez fue el resultado de la demanda «Pacito contra Trump», presentada por tres organizaciones defensoras de refugiados y nueve personas afectadas, que argumentaron que la prohibición de admisión de nuevos refugiados y la retención de fondos federales para el programa es ilegal. Melissa Keaney, abogada del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, resaltó que Estados Unidos tiene obligaciones morales y legales para proteger a los refugiados, advirtiendo sobre las nefastas consecuencias de mantener la suspensión.
El revés judicial se produce en medio de críticas hacia la administración de Trump por cancelar los viajes de refugiados autorizados sin previo aviso, obstaculizando planes de reunificación familiar y dejando a las agencias de reasentamiento en un estado de incertidumbre sobre su capacidad para continuar operando. Aunque la administración Trump ha justificado la suspensión bajo el pretexto de que las comunidades ya no pueden absorber la llegada de más refugiados debido a un «nivel récord de migración», la paralización de estos programas y el congelamiento de fondos críticos ha afectado tanto a quienes buscan refugio como a las entidades que les brindan asistencia. La controversia legal continúa mientras un segundo juez federal ha pospuesto el desbloqueo de los fondos, sugiriendo nuevas mediaciones para las partes implicadas.
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