La resistencia judicial a las políticas migratorias de Donald Trump se intensifica, reflejada en la reciente decisión de un juez federal de Texas que ha bloqueado temporalmente la deportación de tres venezolanos, presuntamente vinculados a la pandilla «El Tren de Aragua». Esta medida desafía la orden presidencial que busca expulsar a supuestos miembros de esta organización criminal mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque la Corte Suprema permitió su uso recientemente, dictaminó que debe respetarse el debido proceso, lo que parece favorecer a los venezolanos detenidos en un centro penitenciario texano, quienes aún no tienen una orden definitiva de deportación.
La decisión del juez Fernando Rodríguez Jr. responde a una demanda de emergencia presentada por la ACLU, que argumenta que los individuos no son parte de «El Tren de Aragua». Entre los detenidos se encuentran J.G.G., acusado erróneamente debido a sus tatuajes; J.A.V., un hombre que sufrió persecución en Venezuela por su orientación sexual y estado de salud; y W.G.H., un solicitante de asilo amenazado por grupos criminales. Estos individuos enfrentan una compleja situación legal mientras se espera que el juez Alvin K. Hellerstein de Nueva York emita una orden similar que protegería a otros venezolanos en el Distrito Sur de la ciudad. La situación subraya el papel crucial de la judicatura en la defensa de los derechos humanos frente a medidas migratorias controvertidas.
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