El juez federal Royce Lamberth, del Distrito de Columbia, ha detenido la decisión del gobierno de Donald Trump de desmantelar la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), responsable de Voice of America (VOA), y financiada con fondos públicos. Tras una orden ejecutiva que vaciaba la agencia, dejándola sin operatividad desde el 15 de marzo, Lamberth ha ordenado la reapertura no solo de VOA, sino también de Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Networks. Trump había acusado a los periodistas de estas cadenas de sesgo negativo y de alinearse con la extrema izquierda, acciones que consideraba perjudicaban los intereses de su administración. A pesar del fallo judicial, hay escepticismo sobre la posibilidad de reconstruir la confianza y la audiencia perdida de VOA, dado el tiempo que lleva fuera de operación y los posibles desafíos legales futuros.
En su documento de 37 páginas, el juez Lamberth destaca que la decisión de recortar fondos destinados a la USAGM infringe la separación de poderes establecida en la constitución estadounidense. Señala que el Congreso es el encargado de la gestión presupuestaria, y que el Ejecutivo, al no utilizar los 857 millones de dólares asignados para 2024, ha violado esta separación de poderes. Esta decisión ha dejado a 1.042 empleados en situación de desempleo administrativo. Además, Lamberth subraya la importancia de VOA, que ha conseguido una audiencia global de 425 millones de personas, especialmente en regiones donde no existe prensa libre. Mientras la Oficina de Transmisiones a Cuba, con solo 33 empleados, sigue operando, el juez argumenta que no puede cumplir con el mandato completo del USAGM. Por su parte, la administración de Trump ha defendido sus recortes argumentando despilfarro y abuso dentro de varias agencias, incluidos organismos como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.
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