En un giro inesperado, un juez federal de Massachusetts ha bloqueado temporalmente la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destinada a reducir el número de funcionarios públicos mediante «dimisiones en diferido». Esta medida, que ofrecía a los empleados una indemnización equivalente a su sueldo hasta finales de septiembre a cambio de su dimisión, ha sido obstaculizada con el fin de evaluar si procede permitir al presidente otorgar un plazo de nueve días para la aceptación de estas condiciones. La Administración estadounidense había dispuesto que los funcionarios tomaran una decisión antes del próximo jueves, pero el anuncio de la pausa ha llegado acompañado de una nueva vista judicial programada para el lunes.
La respuesta de los trabajadores ha sido amplia, con decenas de miles optando por la oferta, según reveló la Oficina de Administración de Personal. No obstante, la medida ha causado preocupación entre expertos, quienes advierten sobre las repercusiones económicas y sociales de despedir a un número masivo de empleados públicos, incluso si se reemplazan posteriormente por personal más cercano a las políticas del mandatario. Los sectores afectados comprenden desde controladores aéreos y trabajadores sanitarios hasta inspectores de alimentos y científicos encargados de comprobar la calidad del agua. La Administración también ha tomado medidas adicionales, como prohibir el teletrabajo, para incentivar el retorno de los empleados federales a las oficinas, subrayando la intención de insistir en la «excelencia a todos los niveles» y alertando sobre inminentes recortes de personal.
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