El año judicial en España comienza en medio de un clima tenso tras las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez sobre la «politización» de ciertos jueces y el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su asistencia al acto de apertura, programado para este viernes en el Tribunal Supremo, ha generado un intenso debate. Diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han exigido la «inconveniencia» de su participación, argumentando que García Ortiz debería abstenerse, ya que está bajo un procedimiento penal. Además, subrayan que en la misma sala estarán los magistrados encargados de juzgarlo.
A este conflicto se suma la postura del Partido Popular, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, anunció que no asistirá a la ceremonia para no avalar la intervención de García Ortiz frente al rey Felipe VI. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado esta decisión, considerando que menoscaba la dignidad de las instituciones. En paralelo, tres asociaciones de jueces y fiscales han solicitado que el fiscal general se abstenga de asistir, destacando que su presencia podría menoscabar la credibilidad del sistema judicial en un momento de señalada relevancia para la independencia y el respeto a la legalidad.
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