En las últimas semanas, varios jueces federales han emitido críticas contundentes contra los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump, dirigidos a bufetes de abogados que representan causas o clientes que no son de su agrado. Los magistrados han calificado estas acciones de «perniciosas», «sin precedentes» y «egregias», lo que refleja la intensa polarización política actual.
Un aspecto crucial señalado por los jueces es el carácter «inconstitucional» de estos decretos. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha sido una de las primeras en defender al bufete Perkins Coie, desafiando la legalidad de las órdenes ejecutivas del presidente. Hasta ahora, en cuatro casos donde la EFF ha presentado informes amicus, los jueces han invalidado dichas órdenes, emitiendo decisiones permanentes para anularlas.
El mandato presidencial contra Perkins Coie, firmado el 6 de marzo, fue objeto de una opinión emitida el 2 de mayo por el juez Beryl A. Howell, quien argumentó que la orden «estigmatiza y penaliza» al bufete por sus representaciones jurídicas. Howell sostuvo que utilizar el poder federal para atacar a abogados por sus posiciones es contrario a la Constitución, que promueve la tolerancia ante ideas disidentes.
Posteriormente, el 25 de marzo, se emitió otro decreto contra Jenner & Block, también declarado inconstitucional por el juez John D. Bates. Bates señaló que la medida busca castigar al bufete por las causas que defiende y describió la acción como un intento de silenciar expresiones legales no aprobadas por el gobierno, lo que socavaría la separación de poderes.
Un tercer decreto, dirigido a WilmerHale el 27 de marzo, fue igualmente anulado por el juez Richard J. Leon. Leon destacó la importancia de la independencia judicial y el derecho de los abogados a representar casos controvertidos como elementos esenciales del estado de derecho.
Además, el 9 de abril, se presentó un decreto similar contra Susman Godfrey. Aunque todavía se evalúa una orden de nulidad permanente, el juez Loren L. AliKhan ya lo había criticado duramente, calificando la acción como una «sorprendente abuso de poder».
La EFF ha reafirmado la necesidad de mantener una profesión legal independiente como pilar de la democracia y el estado de derecho. En un periodo donde algunos bufetes reconocidos han optado por la capitulación, la EFF alienta a la comunidad legal a alzar la voz contra estos ataques, que ponen en riesgo los fundamentos de la representación legal en el país.
