En el ámbito laboral, las instrucciones de los superiores a veces generan dudas y preocupaciones entre los empleados sobre la legalidad y las posibles consecuencias de cumplirlas o rechazarlas. Recientemente, el abogado laboralista Juanma Lorente ha compartido en sus redes sociales una estrategia que busca proteger los derechos del trabajador sin poner en riesgo su empleo desde el primer momento.
Lorente señala que, en ocasiones, los jefes encargar tareas o instrucciones que podrían no ser legales o que simplemente podrían ser motivo de conflicto para el trabajador. La tendencia común sería negarse inmediatamente a cumplirlas, pero según el experto, esta reacción puede tener un efecto contraproducente. «Nunca hay que incumplir una orden del jefe, ni siquiera cuando esta sea contraria a la ley», advierte. La razón principal radica en que una respuesta inmediata de rechazo puede ser interpretada como insubordinación y facilitar un despido, incluso si la instrucción en sí misma es ilegal.
El consejo del abogado propone un enfoque estratégico: aceptar la orden, cumplirla y, al día siguiente, presentar una reclamación, denuncia o impugnación formal de la misma. La idea es documentar la irregularidad sin que el trabajador quede expuesto a una represalia inmediata. Lorente explica que «hay un principio en derecho que dice ejecuta y luego reclama», lo que significa que el trabajador puede cumplir con la instrucción para evitar conflictos directos y, posteriormente, acudir ante las instancias pertinentes para denunciar la ilegalidad.
Este método también busca evitar que la disputa pase del ámbito del incumplimiento de una instrucción a la cuestionamiento directo del despido. «Si te niegas, puedes terminar en la calle, y la discusión ya no será si la orden era legal o ilegal, sino si el despido es o no legal», asegura Lorente. La diferencia es fundamental, puesto que en el primer escenario, el trabajador aún puede defenderse legalmente, mientras que en el segundo, el foco de la disputa se centra en la validez del despido, dejando al empleado en una situación de vulnerabilidad económica y laboral.
Lorente remarca que, aunque esta estrategia puede parecer incómoda o incluso arriesgada emocionalmente, es la vía más segura desde el punto de vista legal. Además, subraya que, en última instancia, la justicia suele actuar en favor del trabajador que actúa de buena fe y realiza las denuncias correspondientes. La clave, según el letrado, es documentar todo y no exponerse a una confrontación directa que pueda acabar en pérdida del empleo sin una adecuada protección legal.
El abogado también hace referencia a que desafiar una orden ilegal de inmediato y de manera confrontativa puede tener consecuencias catastróficas, como la pérdida del puesto sin derecho a indemnización o reubicación. Por ello, aconseja que lo más prudente sea cumplir con la orden en el momento y luego proceder a la reclamación formal, reforzando así la posición jurídica del trabajador y facilitando su defensa en eventual litigio.
Este esquema, además, refuerza la importancia de actuar con cautela ante instrucciones dudosas en el trabajo y demuestra que el camino legal puede ser el más efectivo y seguro a largo plazo. La estrategia de Lorente busca equilibrar la necesidad de cumplir con las obligaciones laborales y, al mismo tiempo, proteger los derechos del empleado, garantizando que la denuncia de irregularidades no sea interpretada como una falta de respeto o insubordinación, sino como un paso necesario para preservar la legalidad y la justicia en el ámbito laboral.
