En la próxima cumbre de la OTAN en La Haya, se plantea la posibilidad de que los países miembros formalicen un nuevo compromiso de gasto en defensa, proponiendo un aumento al 5% del PIB, un incremento significativo respecto al 2% acordado en 2014. Esta propuesta, impulsada por Washington, ha generado preocupación entre varios gobiernos debido a las implicaciones presupuestarias que conlleva, especialmente en términos de ajuste en políticas públicas. El Gobierno español, señalado como un aliado incómodo por los EE. UU., se muestra reticente ante la presión de duplicar su gasto actual, que podría ascender a cerca de 80.000 millones de euros.
La postura de España no es aislada; otros países europeos también están cuestionando la rigidez del nuevo umbral de gasto, argumentando que la seguridad no se garantiza solo con inversión militar. Se enfatiza la necesidad de una evaluación que considere amenazas multifacéticas, como el cambio climático y el terrorismo, y que incluya inversiones en ciberseguridad. Además, se cuestiona el calendario propuesto para alcanzar este nivel de gasto, ya que no todos los aliados han cumplido aún con el objetivo del 2%. Hay temor de que estos compromisos puedan desviar recursos de otras áreas esenciales, poniendo en riesgo la cohesión social y económica en diversos estados.
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