En un contexto de tensiones crecientes en Oriente Medio, Israel ha superado este domingo un umbral trágico con más de 50,000 muertes palestinas derivadas de ataques en la Franja de Gaza en el último año y medio. En medio de esta violencia, el gabinete de seguridad israelí, bajo la dirección del primer ministro Benjamín Netanyahu, ha aprobado un controvertido plan de deportación masiva, calificado internacionalmente como una operación de limpieza étnica. Esta medida busca desalojar a los palestinos de Gaza y reubicarlos en terceros países, aunque aún no se han encontrado destinos concretos. Pese a las numerosas críticas y su aparente ilegalidad, el ministro de Defensa, Israel Katz, defiende el plan alegando que se realizará conforme al Derecho israelí e internacional, destacando un enfoque que prepara el terreno para el paso “voluntario” de los residentes gazatíes.
Mientras tanto, las ofensivas israelíes continúan expandiéndose en el territorio, impactando localidades clave como Beit Hanun y Rafah, y exacerban la crisis humanitaria. Este escenario se agrava con la creciente presión interna sobre Netanyahu, quien afronta masivas manifestaciones en Israel contra su gestión del conflicto y su política de deportación. La situación se complica con la tensión política interna, manifestada en los esfuerzos del primer ministro por cesar a figuras clave del gobierno y del aparato de seguridad, en medio de acusaciones de corrupción. Estas acciones han encontrado resistencia tanto en el ámbito judicial como en la sociedad civil, mientras la región sigue en alerta tras incursiones armadas desde Líbano y ataques misilísticos desde Yemen, amplificando el temor de una guerra regional en expansión.
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