El Gobierno ha emitido un comunicado en el que denuncia un «intento de extorsión» por parte de un grupo integrista, el cual busca obtener concesiones en el último minuto. Esta acusación surge en un contexto de crecientes tensiones, y la administración ha calificado las acciones del grupo como una maniobra para conseguir beneficios políticos o estratégicos. Las autoridades han enfatizado que no cederán ante las presiones y han reafirmado su compromiso de mantener la estabilidad y la seguridad nacional. Según el comunicado, las tácticas utilizadas por el grupo pretenden influir en importantes decisiones gubernamentales en curso.
Esta declaración ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional, llevando a múltiples actores políticos y sociales a expresar su apoyo al Gobierno en su postura firme contra la extorsión. Organizaciones internacionales y países aliados han manifestado su respaldo, coincidiendo en la importancia de no ceder ante amenazas que pueden poner en peligro el orden establecido. En paralelo, grupos defensores de derechos humanos han instado a que se busquen soluciones pacíficas que eviten una escalada de la tensión, priorizando el diálogo como herramienta primordial para contrarrestar cualquier intento de desestabilización.
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