Teherán ha registrado una escalada en las ejecuciones durante el presente año, alcanzando la cifra más alta de la última década y media con 1.000 personas ejecutadas. Organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma ante esta situación, señalando que Irán sigue aplicando la pena de muerte en una variedad de delitos, incluyendo aquellos relacionados con drogas, lo que ha despertado críticas internacionales y pedidos para revisar sus políticas penales.
El aumento en el número de ejecuciones en Irán ha sido interpretado por analistas como un intento del gobierno por proyectar fuerza y mantener el orden interno en un contexto de crecientes tensiones políticas y sociales. Observadores internacionales han hecho un llamado para que la comunidad global preste más atención a las prácticas judiciales de Irán, fomentando el diálogo y la presión diplomática para que la nación respete los derechos humanos básicos y adopte reformas significativas que prevengan futuras violaciones a la vida y la dignidad humanas.
Leer noticia completa en El Mundo.
