Irán enfrenta una ola persistente de protestas que se han extendido por todo el país, iniciadas hace dos semanas en el Gran Bazar de Teherán, a pesar de un bloqueo de internet por parte de las autoridades. Las manifestaciones, impulsadas por el colapso económico y la devaluación del rial, han resultado en numerosos enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Reportes de grupos de derechos humanos indican que al menos 65 personas han muerto, incluidos 50 civiles y siete menores, mientras que fuentes médicas informan de hospitales saturados de heridos, muchos de ellos con lesiones de bala. Las autoridades iraníes han calificado las protestas como amenazas externas, asociándolas con EE. UU. e Israel, y han manifestado su intención de reprimirlas con firmeza.
A nivel internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido de posibles intervenciones si la represión incrementa el número de víctimas. Reza Pahleví, el hijo del último sha de Irán, ha instado a sus compatriotas a manifestarse y ha buscado el apoyo de Washington, aunque su figura sigue siendo marginal entre los iraníes. Mientras tanto, la ONU insiste en el derecho del pueblo iraní a manifestarse pacíficamente. Las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado el uso excesivo de la fuerza empleado por las autoridades iraníes, subrayando el uso de armas de fuego por parte de la policía y la Guardia Revolucionaria. La situación tensa ha llevado a una carta de Teherán al Consejo de Seguridad de la ONU, acusando a los EE. UU. de fomentar la violencia y desestabilización en el país.
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