En 2023, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LACSD) se vio implicado en un escándalo significativo debido al uso indebido de bases de datos estatales, lo que provocó una ola de preocupaciones sobre la ética y la transparencia en el manejo de información sensible por parte de las autoridades. Esta problemática se destacó en un informe reciente que reveló un número alarmante de violaciones, sumando un total de 7,275 incidentes en todo California, de los cuales 6,789 fueron atribuidos solo al LACSD.
El abuso se centró principalmente en consultas no autorizadas a bases de datos para llevar a cabo verificaciones de antecedentes relacionadas con permisos de porte oculto de armas de fuego, una práctica que está explícitamente prohibida por las regulaciones estatales. Sin embargo, los registros muestran que el uso indebido se extendió más allá, ya que algunos oficiales utilizaron los datos para venganzas personales.
A pesar de la gravedad de estas infracciones, las consecuencias disciplinarias para el personal involucrado han sido limitadas. De las acciones correctivas llevadas a cabo, se destaca que solo 24 oficiales fueron suspendidos, seis renunciaron y nueve fueron despedidos en todo el estado debido a tales abusos. La gran mayoría de los casos resultaron en meros reentrenamientos, lo cual ha generado críticas sobre la efectividad de las medidas disciplinarias.
El Sistema de Telecomunicaciones para la Aplicación de la Ley de California (CLETS) es el principal recurso utilizado por la policía para acceder a diversas bases de datos que contienen información crítica, desde registros de vehículos hasta datos delictivos nacionales. Aunque existe un requerimiento de reporte obligatorio al Departamento de Justicia del estado sobre cualquier investigación o disciplina relacionada con el uso indebido del sistema, los hallazgos recientes subrayan las carencias en la supervisión efectiva.
Esta no es la primera vez que el uso indebido de estas bases de datos queda en el centro de la polémica. Desde que se identificó el uso de datos de CLETS para la aplicación de la ley de inmigración como un abuso en 2019, se han realizado 761 investigaciones relacionadas, resultando en más de 7,635 violaciones individuales.
El contexto se complica aún más al considerar la falta de inspección de otros sistemas utilizados por la policía, como lectores de matrículas y bases de datos de reconocimiento facial, los cuales podrían también ser objeto de abusos no detectados. Con las cifras del estado programadas para ser presentadas nuevamente en 2024, se espera que la discusión sobre la necesidad de una regulación más estricta y mecanismos de supervisión más robustos se intensifique, abordando así las preocupaciones sobre la ética en las prácticas policiales que continúan en entredicho.
